Consta de 23 artículos organizados en dos capítulos donde se recoge la obligatoriedad del depósito de fianza correspondiente tanto a los contratos de arrendamiento de las fincas urbanas, como a los contratos de prestación de servicios que requieran el depósito de una fianza. Igualmente, propone la creación del Registro de contratos de arrendamientos urbanos.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que a partir de hoy se pueden consultar en Castilla-La Mancha el nuevo Decreto de Depósito de Fianzas y el `Registro de contratos de arrendamientos de Castilla-La Mancha´ que suponen “un salto cualitativo en nuestro mercado del alquiler, lo que va a otorgar una mayor seguridad tanto a los propietarios como a los inquilinos de la vivienda, ahondando en el principio de transparencia”.
La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha explicado hoy que las intervenciones de rehabilitación objeto de subvención están destinadas a actuaciones en elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva de viviendas.
Además, ha resaltado también que son objeto de estas ayudas obras de rehabilitación, honorarios de profesionales, coste de proyectos, coste de informes técnicos, dirección de obra, seguridad y salud, gestión de residuos, informe de evaluación de edificio, certificados, así como gastos de tramitación y de gestión.
La portavoz regional ha detallado que “la ayuda estará entre el 40% y el 75% de la actuación subvencionable, incrementando este porcentaje en un 25% para rehabilitaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes cuyos solicitantes sean menores de 35 años”.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que “es imprescindible impulsar cambios legislativos que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda”.
Entre las medidas propuestas están la denegación de las inscripciones en el padrón municipal de quienes estén ocupando ilegalmente; que comunidades de vecinos, ayuntamientos u otras instituciones puedan interponer denuncias por ocupación ilegal; el aumento de los años de la prescripción del tipo de la usurpación; la modificación del Código Penal para endurecer las penas a los autores del delito de ocupación ilegal; o la puesta en marcha de una Fiscalía ‘Antiokupas’.
Además, Hernando ha remarcado como “desde el Gobierno de Emiliano García-Page, hemos puesto en lo más alto de nuestras prioridades luchar contra la ocupación ilegal” y dentro de las medidas adoptadas está la coordinación con otras instituciones o la puesta en marcha del Plan Social de Ingresos Patrimoniales.
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